Libertad de prensa, ¿un derecho clave en retroceso?

Autor: Raquel Frutos, Consultora de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa en iMades Communication

La libertad de prensa es una manifestación de la libertad de expresión, un derecho fundamental recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Garantiza el derecho de los periodistas de informar a la ciudadanía y expresar en los medios de comunicación las opiniones e ideas sin temor a sufrir represalias. De forma conmemorativa, desde 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió reivindicar cada 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cual cumple su 30 aniversario este 2023.

El motivo de elegir dicha fecha para su celebración fue hacerlo coincidir con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO, en la capital de Namibia, elaboraron un documento en el que recogieron los principios de la libertad de prensa.

Luces y sombras en los avances en la libertad de prensa

Si bien hay que reconocer considerables avances en cuestión de libertad de prensa a nivel mundial en las últimas décadas, progreso que se observa en particular con la proliferación de medios de comunicación independientes en un gran número de países y por la libre circulación de información que permite el auge de las tecnologías digitales, no todo son acontecimientos que permitan estar orgullosos en esta materia.

Organismos garantes del Estado de Derecho y de los derechos humanos han alertado del retroceso que se está produciendo en países como España debido a los ataques y amenazas que están sufriendo los informadores, quienes además se exponen a una gran inseguridad cuando informan especialmente desde otros países o acerca de temáticas espinosas como son la política, la economía o la igualdad.

De acuerdo con un informe publicado en 2022 por Reporteros sin Fronteras, España se sitúa en el puesto 32 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, cayendo tres puestos frente al año anterior. Pese a que es cierto que en ello nos ha penalizado como país la existencia de una nueva metodología de análisis que tiene en cuenta elementos del contexto social y económico de España, dicho organismo pone de relieve algunas de las áreas de mejora fundamentales: la excesiva concentración del mercado, las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la grave precarización de los profesionales. Todo ello consideran que provoca un impacto sustancial en la libertad de prensa. Asimismo, el informe destaca el clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión y no de información.

En concreto, una de las cuestiones más alarmantes sobre las que alertan es la precarización del trabajo periodístico que ha tenido lugar desde la crisis de 2008. Desde entonces es ya una característica intrínseca de la profesión el no poder optar a puestos fijos en plantilla en las redacciones, el ganar bajos salarios muy por debajo de la media de cualquier sector cualificado y el sufrir jornadas abusivas que sobrepasan lo estipulado en los contratos laborales. Todo ello provoca que los informadores sean más vulnerables a las presiones de los medios cuando se trata de informar de determinadas cuestiones desde una óptica en particular y también son más tendentes a la autocensura.

La autocensura, el refugio de los informadores

En los últimos años diarios digitales como ElDiario.es, Infolibre o El Confidencial son tan solo algunos de los que han tenido que asumir sanciones judiciales por demandas interpuestas contra ellos por desvelar información comprometida en la que a menudo se encuentran implicadas personas o compañías con una elevada posición económica. Precisamente por ello, para no tener que acarrear con estas y otras consecuencias indeseadas como son el riesgo reputacional, cada vez más periodistas deciden abogar por la autocensura.

No en vano, el fin último de los demandantes no es solo silenciar al medio y los periodistas en cuestión para que no difundan información acerca de una materia, sino también intimidar y amedrentar al resto de medios para que no cubran cuestiones de interés público por el miedo a sufrir represalias.

Esta vulnerabilidad es si cabe mayor cuando las periodistas son mujeres que defienden la libertad de expresión, quienes habitualmente deben enfrentarse a situaciones de ciberacoso y de ataques a través de las redes sociales. Conocidas informadoras como Ana Pastor, Ángels Barceló, Anna Bosch, María Tikas y Carme Chaparro son solo algunas de las que les ha tocado vivir esta dramática experiencia.

Además de ello, los periodistas consideran que actúan como elementos agravantes la existencia de normativas en vigor en nuestro país como la Ley Mordaza o el crecimiento en toda Europa de las SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública), que según la Comisión Europea son en la práctica: “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”. Se trata de un comportamiento que la propia Comisión Europea identificó como un problema que “amenaza a los valores democráticos y derechos fundamentales”.

Por todo ello, esperemos que este artículo sirva para reflexionar acerca de la importancia de salvaguardar la libertad de prensa, lo que lleva intrínseco velar por la independencia de los medios de comunicación y de las personas que allí trabajan, así como por su seguridad. Sin garantizar plenamente la libertad de expresión se está poniendo en riesgo seriamente el ejercicio de otros derechos y se está amenazando la existencia de una sociedad 100% libre y democrática. De seguir por el camino actual se corre el riesgo de convertirse en una sociedad desinformada y en la que cada vez tengan un mayor poder de manipulación los poderosos, quienes cada vez más utilizan estrategias de acoso judicial contra periodistas para tratar de silenciarlos.